Rosa María Payá Acevedo, nacida el 10 de enero de 1989 en La Habana, Cuba, es una activista política conocida por su posición contrarrevolucionaria al Gobierno cubano y por liderar Cuba Decide, un proyecto que abiertamente busca derrocar el sistema socialista cubano mediante un referéndum que promueve un modelo político alineado con los intereses capitalistas occidentales.

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Hija de Oswaldo Payá, también contrarrevolucionario cubano y fundador de los ultraderechistas Movimiento Cristiano Liberación y Proyecto Varela, Rosa María ha explotado el legado de su padre. Él murió en un accidente automovilístico en 2012, un caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuyó sin pruebas al Estado cubano en 2023, en una decisión que Cuba denuncia como una manipulación al servicio de intereses externos.

Licenciada en Física por la Universidad de La Habana y formada en programas de liderazgo en la Universidad de Georgetown, Payá se trasladó a Estados Unidos en 2013, donde fue promovida por la política estadounidense como una figura conveniente del exilio cubano contrarrevolucionario.

Su activismo, que denuncia al Gobierno cubano, mientras ignora el impacto del bloqueo estadounidense, la ha convertido en una figura divisiva, celebrada por sectores de la derecha y rechazada por La Habana como una agente de la agenda imperialista.

Asimismo, la señalan como una pieza clave en la estrategia de desestabilización de Washington, financiada con más de 2 millones de dólares anuales por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una organización con un historial de apoyo a movimientos subversivos en América Latina.

Su discurso, que vincula a Cuba con Venezuela y Nicaragua en una narrativa anticomunista, es amplificado por figuras ultraconservadoras como el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien la ha promovido como una supuesta defensora de la democracia. En contraposición, el sitio Cubadebate señala que Payá representa los intereses de la élite anticubana de Miami, alineada con grupos como la Brigada 2506, conocida por sus acciones violentas contra la isla.

Tanto así que junto al también anexionista José Daniel Ferrer, ha exigido a Europa suspender acuerdos con Cuba como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, mientras la nación caribeña enfrenta una crisis económica agravada por las más de 240 medidas que impuso Donald Trump.

La elección de Rosa María Payá como comisionada de la CIDH este viernes, nominada por la Administración de Donald Trump y respaldada por el secretario Rubio, es un acto de provocación política que refleja la intención de EE.UU. de convertir a la CIDH en una herramienta de su agenda imperialista.

Payá, quien obtuvo 20 votos en la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, no fue seleccionada por su experiencia en derechos humanos, sino por su utilidad como figura contrarrevolucionaria que legitima la narrativa de Washington contra gobiernos soberanos.

¿Qué esperar de una mentada por Marco Rubio?

El propio Rubio, un conocido operador de la derecha anticubana, ha sido su mentor desde 2015, facilitándole acceso a plataformas internacionales y conexiones con líderes conservadores, como el exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien comparte su hostilidad hacia los procesos revolucionarios latinoamericanos.

La designación de Payá es otro intento de EE.UU. por cooptar la CIDH para intensificar su ofensiva contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cubadebate documenta su relación con la Brigada 2506, un grupo con un historial de terrorismo contra Cuba, lo que la descalifica como una figura imparcial.

En tanto, Resumen Latinoamericano denuncia su oposición a las brigadas médicas cubanas, un programa humanitario que ha salvado vidas en el Sur Global, revelando su desprecio por los logros sociales de la Revolución Cubana.

Por su parte, Excélsior señala que su activismo, disfrazado de defensa de la democracia, está al servicio de la derecha neoconservadora, apoyando sanciones que han profundizado el sufrimiento del pueblo cubano bajo el bloqueo económico.

Asimismo, en el contexto de una OEA cada vez más cuestionada por su subordinación a Washington, la elección de Payá, impulsada por presiones diplomáticas y económicas, es una maniobra para consolidar la hegemonía estadounidense en la región.

Su nombramiento ignora las voces de países como Bolivia y México, que han denunciado la parcialidad de la OEA, y refuerza la percepción de que la CIDH está siendo utilizada como un arma política contra los procesos emancipadores de América Latina.

Payá no es una defensora de los derechos humanos, sino una figura contrarrevolucionaria que sirve a los intereses de Washington y del exilio anticubano de Miami.

Su historial de financiamiento por la USAID, su apoyo a sanciones que castigan al pueblo cubano y su alianza con figuras como Rubio y Almagro la convierten en una amenaza para la imparcialidad de la CIDH. La presencia en el organismo profundizará las tensiones con Cuba, que ha denunciado su elección como un acto de “chantaje presupuestario” orquestado por EE.UU.

Lejos de promover los derechos humanos, el nombramiento de Payá perpetúa una agenda que prioriza los intereses geopolíticos sobre la justicia social, ignorando las verdaderas violaciones de derechos humanos causadas por el bloqueo estadounidense y las políticas neoliberales en la región.

En un contexto de creciente resistencia latinoamericana al intervencionismo, su rol en la CIDH podría acelerar el descrédito del organismo, debilitando su capacidad para abordar las luchas de los pueblos oprimidos. La elección de Payá no solo es un retroceso para la defensa de los derechos humanos, sino una afrenta a la soberanía de los pueblos que luchan por su autodeterminación frente al imperialismo.

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